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El debate en torno a la adhesión del municipio de Calingasta al Régimen de Inversión en Minería (RIGI) se ha convertido en un campo de confrontación entre el sector empresarial y el Deliberante local. A pesar de que la adhesión al RIGI es considerada más una señal política que un cambio significativo en la regulación minera, las diferencias han escalado, especialmente entre los actores clave del sector.
Recientemente, la Cámara de Servicios Mineros y Afines de Calingasta (Casemica) emitió un comunicado en el que expresaba su apoyo al RIGI y manifestaba una «profunda preocupación ante la demora en su tratamiento». Alfredo Amín, presidente de Casemica, criticó las audiencias públicas sobre el tema, describiéndolas como un foro para enfrentamientos personales más que un debate constructivo sobre la adhesión al RIGI. Amín comparó la situación con los debates polarizados de la consulta popular sobre minería, sugiriendo que el proceso actual está “retrocediendo en el tiempo” y proyecta una imagen poco seria hacia los inversores.
La presión de Casemica fue respaldada por la Cámara de Empresarios Mineros de Calingasta (Caemca), que también ha urgido al Deliberante a acelerar la aprobación. Sin embargo, el proceso sigue estancado en medio de dos posturas que parecen irreconciliables, lo que refleja la dificultad de alcanzar un consenso en torno a temas que afectan tanto al desarrollo económico local como a la percepción externa del sector.
El conflicto destaca las complejidades inherentes a la gestión de inversiones en minería y la necesidad de un enfoque más constructivo en los debates públicos. Mientras tanto, el sector minero sigue esperando una resolución que permita avanzar en la adhesión al RIGI, con la esperanza de atraer nuevas inversiones y fortalecer la industria en el departamento.
EL COMUNICADO DE CASEMICA
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