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El fallo podría definir el futuro político de Cristina Kirchner y también su libertad. La defensa de la exvicepresidenta adelantó que, en caso de ratificarse la sentencia, recurrirá a la Corte Suprema.
La Cámara Federal de Casación Penal dará a conocer este miércoles una decisión clave sobre el futuro judicial de Cristina Kirchner en el marco de la Causa Vialidad.
El fallo determinará si se confirma, revoca o modifica la condena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que recibió la expresidenta.
La sentencia podría definir no solo su destino político, sino también su libertad.
En el entorno de la expresidenta analizan la posibilidad de que se confirme la condena y aseguran que se trata de una "persecución política" para que no se presente a elecciones.
Aunque esta resolución no implicaría automáticamente su encarcelamiento, pondría a CFK en una situación judicial mucho más complicada.
En caso de que se confirme la pena, la defensa, que encabeza el abogado Carlos Beraldi, presentará un recurso extraordinario para llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el objetivo de que sea el máximo tribunal el que revise el fallo.
Una vez conocida la resolución de la Cámara Federal de Casación Penal, Cristina Kirchner tiene 10 días hábiles para utilizar esta herramienta judicial.
El procedimiento indica que la Cámara de Casación debe otorgar o rechazar ese recurso extraordinario y en el caso de que ocurra esto último, la defensa de la exvicepresidenta llegará en queja a la Corte, para lo que contará con otros cinco días hábiles más.
Se espera que la audiencia de este miércoles comience a las 11, y se transmitirá en directo por YouTube. El camarista Gustavo Hornos leerá un texto que contiene las partes esenciales de la sentencia que firmará ese día con sus colegas Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña. Tras la jornada presencial, se emitirá el fallo electrónicamente.
La causa Vialidad investiga presuntas irregularidades en la concesión de obras públicas en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
Según la acusación, la expresidenta y otros funcionarios habrían favorecido al empresario Lázaro Báez en la adjudicación de obras viales, muchas de las cuales quedaron inconclusas o presentaban sobreprecios.
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