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Un abogado denunció que un fiscal y un juez de Jáchal desestimaron una presentación judicial para favorecer a un hombre que se quedó con 3 containers de otras personas.
Un abogado cargó contra un fiscal y un juez de la Segunda Circunscripción Judicial y los denunció por el supuesto favorecimiento a una persona que se quedó de tres containers, uno de los cuales vendió. El letrado los acusa de “cajonear” la investigación por presunta defraudación y hurto contra ese hombre, siendo que existen pruebas de que esos contenedores pertenecen a una sociedad y que hubo una maniobra ilícita por parte del denunciado.
La denuncia apunta contra el fiscal Sohar Alfredo Aballay y el juez Domingo Daniel Castro, de la Primera Nominación de la Segunda Circunscripción Judicial, con asiento en Jáchal. La presentación judicial la hizo el abogado Nicolás Fiorentino, que actúa en nombre de los empresarios Rodrigo y Pablo Rodríguez. Estos últimos son los supuestos damnificados en este enmarañado caso originado en Iglesia y quienes acusan a un tal Daniel Edmundo Narváez de engañarlos y apropiarse de esos contenedores que funcionaban de cocina, dormitorio y oficina.
Uno de los módulos fue comprado y los otros dos fueron alquilados por los Rodríguez para un proyecto minero en Tocota, Iglesia, indicaron fuentes del caso. Según la presentación, a mediados del 2023 los hermanos retiraron los containers y, por una cuestión de confianza con Narváez –un exempleado-, los guardaron en un predio de éste en la calle Principal en la localidad iglesiana de Las Flores.
Los Rodríguez denunciaron, a través de Fiorentino, que tiempo después quisieron retirar los contenedores y Narváez supuestamente se negó a entregárselos, pese a que nunca acordaron una contraprestación o alquiler por el predio. Ahí empezó el conflicto. Posteriormente le mandaron cartas documentos para exigir la devolución de los módulos y enviaron un escribano para verificar si los módulos todavía estaban ahí.
En febrero denunciaron penalmente a Narváez ante el fiscal Sohar Aballay por supuesta defraudación por retención indebida. En marzo, lo volvieron a denunciar por hurto, dado que comprobaron que esta persona sacó uno de los módulos y lo vendió a una empresa, indicaron las fuentes.
Un vocero judicial consignó que el abogado de los Rodríguez sostiene que ellos acreditaron con documentación que esos módulos estaban a nombre de su empresa, que no hubo ninguna relación comercial ni contractual con Narváez y que éste quedó ilegalmente con esos contenedores.
En la presentación judicial se cuestiona al fiscal porque se afirma que no adoptó medidas para investigar el caso y lo único que hicieron con el juez Domingo Castro fue tomarle declaración informativa a Narváez. Este les dijo que mantenía una sociedad con Rodrigo Elio Rodríguez y que alquiló el lugar para guardar esos contenedores, “no era gratis”, revelaron las fuentes.
La denuncia es por violación a los deberes de funcionarios públicos, incumplimiento de las obligaciones de promover la persecución y represión de los delitos, y encubrimiento.
Lo que denuncia Fiorentino es que el fiscal Aballay le creyó todo al denunciado y se valió de esa declaración para pedir al juez Castro que desestimara la denuncia y la archivaran. El argumento fue que no está claro quiénes conforman la sociedad, cuál era la relación entre ellos y en nombre de quiénes están esos contenedores, de modo que eso debería resolverse en el fuero civil y comercial.
Fuentes judiciales señalaron también que el letrado sostiene que no valoró la documentación presentada por los Rodríguez, las actas notariales y hasta fotos que acreditarían la comisión de un delito. Incluso deslizó que hubo un acuerdo para no avanzar penalmente contra Narváez.
El abogado denunciante siembra sospechas sobre el accionar del magistrado y el fiscal para favorecer a Narváez y afirma que incurrieron en los delitos de violación a los deberes de funcionarios públicos, incumplimiento de las obligaciones de promover la persecución y represión de los delitos y encubrimiento.
La denuncia fue hecha en la Segunda Circunscripción Judicial, en Jáchal, pero esa presentación fue derivada a la UFI Delitos Especiales, a cargo del fiscal Iván Grassi. Fuentes tribunalicias contaron que se dio curso a la denuncia, pero el Ministerio Público Fiscal ahora debe evaluar si hay méritos para sospechar de un delito. Si es así, tendrán que informar al Jury de Enjuiciamiento para quitar los fueros al fiscal Sohar Aballay y al juez Domingo Castro de Jáchal y así poder investigarlos.
Fuente: Tiempo De San Juan
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