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En San Juan empiezan con el cierre de Registros del Automotor y de 10 quedarán 5

En una primera fase, cerrarán un 50% de los Registros, que son responsables de patentar y registrar los cambios de titularidad de vehículos, operando bajo la Dirección Nacional de Registro Automotor (DNRPA) del Ministerio de Justicia.

El anuncio del presidente Javier Milei en enero sobre la eliminación de los registros del automotor a nivel nacional comienza a tomar forma. A siete meses de esa declaración, se confirma el cierre de 126 registros en el país, aunque San Juan no figura en esta lista inicial. Sin embargo, fuentes de La Libertad Avanza indican que al menos la mitad de los 10 registros en la provincia están en riesgo de cierre, y se esperan noticias sobre cuáles se verán afectados en los próximos días.


En una primera fase, cerrarán un 50% de los Registros, que son responsables de patentar y registrar los cambios de titularidad de vehículos, operando bajo la Dirección Nacional de Registro Automotor (DNRPA) del Ministerio de Justicia. 



En San Juan, existen actualmente 10, de los cuales 8 son dedicados a automotores y 2 a motovehículos. Aunque los detalles sobre qué registros cerrarán aún no se han determinado, se menciona que los registros 7 y 8 están bajo evaluación.


Estos organismos gestionan trámites esenciales, como el patentamiento y la transferencia de autos, motos y maquinarias agrícolas. Los costos varían, pero se estima que el precio para la transferencia de un vehículo usado o el patentamiento de uno nuevo ronda el 6% del valor del vehículo.


El sistema de registro de la propiedad automotor se implementó por medio de un decreto ley el 30 de abril de 1958, bajo el gobierno militar de Pedro Eugenio Aramburu, con el objetivo de prevenir robos de vehículos.



Cabe destacar que, actualmente, hay 1.557 registros en el país, que gestionan más de 10 millones de trámites anuales, tanto presenciales como en línea.


Históricamente, la designación de estos registros se realizó de forma discrecional, lo que generó acusaciones de corrupción y nepotismo, evidenciando que el negocio se repartía entre personas cercanas al poder político.


El 10 de julio, el Gobierno publicó una resolución en el Boletín Oficial que confirma el cierre de 136 registros y la suspensión de 12 nuevas dependencias, como parte de un plan para reducir la burocracia. Además, el Ministerio de Justicia también anunció una disminución de impuestos para las transferencias y otros trámites relacionados.

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