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La medida fue requerida por el fiscal Francisco Micheltorena, que lo imputa por haber obligado a testigos a mentir en una causa. Lo llamativo del suceso fue que ocurrió justo cuando el defensor salía de una audiencia y la situación generó revuelo.
Un hecho insólito se produjo en Tribunales este miércoles al mediodía, cuando el abogado y ex intendente de Caucete, Julián Gil, fue detenido por encubrimiento agravado en una causa en la que actuaba como defensor. La medida fue solicitada por el fiscal Francisco Micheltorena, quien lo imputa por obligar a mentir a una testigo para favorecer a un sujeto tras las rejas.
Como nunca antes ocurrió en las salas de audiencias, ubicadas en el subsuelo del palacio de Justicia, personal policial vestido de civil esperó que finalizara un proceso en el que participaba y lo aprehendió a la salida. La acción despertó el asombro de los presentes, entre ellos jueces, fiscales y sus propios colegas, que observaron cómo fue esposado y trasladado a los calabozos. El equipo periodístico de Tiempo de San Juan se hallaba trabajando en el lugar cuando se encontró con la sorpresiva detención.
Por el momento, lo que se conoce es que el fiscal de la UFI de Delitos Especiales, secundado por su ayudante fiscal Francisco Nicolía, sospecha que incurrió en el delito de encubrimiento agravado por ayudar a eludir las investigaciones de la autoridad en perjuicio de la Administración de Justicia. Es que Gil habría intentado que una víctima de violencia de género desistiera de una acción penal contra su ex pareja.
Las fuentes señalaron que el letrado ofreció dinero a la denunciante, a cambio de que modificara su versión de los hechos o bien dejara de prestar colaboración al proceso de investigación que se llevaba adelante y tenía a su patrocinado detenido. Un video en el que se lo observa flagrante en dicha situación llegó a manos de la fiscalía y, tras la ratificación de la mujer que reconoció el hecho, Micheltorena solicitó su aprehensión.
Fue por ello que el juez de Garantías de turno, Maximiliano Eugenio Barbera, ordenó el pedido del Ministerio Público y la detención se concretó en el propio edificio público, a ojos de una gran cantidad de testigos.
La figura penal que las autoridades judiciales le endilgan está prevista a partir del artículo 277 del Código Penal y, como mínimo, establece penas de 6 meses a 3 años de prisión. Como la figura penal abarca diversas situaciones, dependiendo del caso y el grado de participación, la imputación que afrontaría Gil podría ser todavía más grave.
Es que las fuentes confiaron que no se trataría de un caso aislado, sino que habrían otros elementos que comprometerían al ex jefe comunal caucetero que, alejado de la política tras un paso polémico, ejercía como penalista y pasaba sus días en Tribunales con un nuevo rol.
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