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El aumento del subsidio para el transporte público en San Juan ha generado un fuerte cruce entre los dueños de colectivos, que piden más fondos, y el Gobierno, que advirtió sanciones si reducen la frecuencia del servicio.
La tensión entre los empresarios del transporte público y el Gobierno de San Juan ha escalado en los últimos días debido a la demanda de un aumento en el subsidio de contención tarifaria. Mientras que los representantes de las empresas argumentan que los fondos actuales son insuficientes para mantener la operación, las autoridades sostienen que ya se ha incrementado considerablemente el subsidio, y cualquier recorte en la frecuencia de los colectivos será sancionado.
El conflicto surgió después de que Ricardo Salvá, presidente de la Asociación Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP), advirtiera que, si no se otorgan los 600 millones de pesos adicionales solicitados, las empresas reducirán la frecuencia del servicio. Según Salvá, este ajuste comenzaría a aplicarse entre el 15 y 20 de septiembre. Sus declaraciones generaron una rápida reacción por parte del Gobierno provincial, que rechazó la posibilidad de cambios en el servicio sin consecuencias.
La ministra de Gobierno, Laura Palma, fue enfática al responder, señalando que si
las empresas reducen la frecuencia de los colectivos, serán objeto de multas y sanciones. “No permitiremos que se tomen medidas que afecten a los pasajeros. Si deciden recortar el servicio, recibirán las penalidades correspondientes”, aseguró la ministra en una conferencia de prensa.
En paralelo, Marcelo Molina, secretario de Transporte de San Juan, se refirió al futuro de la tarifa del transporte en una entrevista en radio Sarmiento. Descartó un aumento inmediato del boleto, al menos en lo que resta de septiembre, y adelantó que no habría motivos para incrementar los precios en octubre. “No habrá aumentos este mes, y el próximo tampoco debería haberlos. Las variables que analizamos, como el costo laboral y los combustibles, se mantienen dentro de los parámetros previstos”, explicó Molina.
El secretario también destacó que la estrategia del Gobierno provincial se enfoca en proteger a los pasajeros de un nuevo incremento tarifario. “Esta vez, el esfuerzo recaerá sobre la administración provincial, no sobre los usuarios. El gobernador ha decidido aumentar el subsidio para compensar los costos de las empresas”, señaló Molina. De acuerdo con el funcionario, el subsidio destinado al transporte público pasó de 2.200 millones de pesos a 2.800 millones, cubriendo el alza de los gastos operativos de las empresas.
A pesar de este ajuste, los empresarios siguen inconformes, considerando que la suba no es suficiente para compensar completamente sus costos. El temor a una reducción de la frecuencia de los colectivos mantiene a los usuarios en alerta, mientras el Gobierno asegura que tomará medidas severas si las empresas incumplen con el servicio.
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