Polémica por la construcción de un alambrado en la frontera con Bolivia

El presidente Javier Milei respaldó públicamente la construcción de un alambrado en la frontera entre Argentina y Bolivia, impulsado por el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, con el objetivo de "combatir el narcotráfico". La medida generó preocupación en el país vecino, que denunció una posible vulneración de principios del derecho internacional y un impacto negativo en las relaciones bilaterales.

En un mensaje titulado "Juntos, por nuestra gente", Sáenz defendió la iniciativa asegurando: "La defensa de nuestra frontera no se negocia. Con Patricia Bullrich reforzamos la seguridad. Ni un paso atrás". Su publicación fue compartida y respaldada por Milei, quien elogió el trabajo del gobernador y de las ministras Patricia Bullrich (Seguridad) y Sandra Pettovello (Capital Humano).

Un plan para reforzar los controles fronterizos

Sáenz insistió en que la medida no responde a intereses políticos, sino a la necesidad de mejorar la seguridad en la frontera. "Acá no hay una cuestión política, sino un claro objetivo: combatir el narcotráfico", afirmó. En esa línea, mencionó la importancia de reordenar el ingreso a Aguas Blancas y garantizar que todos los viajeros pasen por migraciones.

La iniciativa se enmarca dentro del Plan Güemes, lanzado en diciembre por el Ministerio de Seguridad nacional, con el fin de combatir el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas en la frontera norte. El plan prevé un mayor despliegue de fuerzas federales y el fortalecimiento de la vigilancia en pasos fronterizos clave, como Aguas Blancas.

El cerco, que tendrá una extensión de 200 metros desde la terminal de colectivos hasta la Oficina de Migraciones, contará con tres puertas de acceso para las fuerzas de seguridad y será construido en un plazo de 60 días. Además, su parte superior incluirá tres hilos de alambre de púas.

Reacciones en Bolivia

Desde el gobierno boliviano expresaron su malestar por la decisión. El ministro de Justicia de Bolivia, César Siles, advirtió que la medida "vulnera principios de derecho internacional público y las relaciones de buena vecindad entre estados hermanos".

Por su parte, la directora nacional de Vigilancia y Control de Fronteras de Argentina, Virginia Cornejo, justificó la necesidad de reforzar los controles migratorios y denunció la falta de cooperación de Bolivia en la gestión fronteriza.

Según explicó, mientras Argentina dispone de hasta cinco funcionarios para agilizar los trámites, Bolivia solo asigna uno con horarios más reducidos, lo que dificulta el control.

Sáenz, por su parte, descartó cualquier similitud con el muro fronterizo entre Estados Unidos y México. "Allá se trata de un tema migratorio; acá queremos combatir el contrabando y el narcotráfico, además de garantizar un control ordenado de quienes cruzan la frontera", enfatizó.