Qué pasó con la Ley de Víctimas en San Juan y qué debería ocurrir para que se aplique

En 2017, la normativa se promulgó a nivel nacional y por ello las asociaciones locales de familias de víctimas aseguran que es necesaria la adhesión provincial. Por qué advierten que es primordial y qué alcance tendría en la justicia sanjuanina.

El 21 de junio de 2017, el Congreso de la Nación sancionó la Ley de Víctimas, de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos Graves (27.372), que consiste en el asesoramiento, el acceso a la justicia, la protección y la participación durante el proceso penal y en la etapa de ejecución de la condena para aquellos que sufrieron severas consecuencias a raíz de un hecho delictivo.

La normativa nacional, que fue promulgada el 11 julio de ese año, resultó una respuesta al histórico reclamo de las familias de víctimas fatales que pretendían ser comprendidas como sujetos de derecho, en el marco de las investigaciones penales. Esa legislación, que vino a darles un lugar que no tenían, aún no se aplica en la provincia de manera concreta y desde las organizaciones de familias de víctimas indican que la razón es que es necesaria la adhesión a la misma.

Cada vez que un femcidia o un asesino obtiene algún tipo de beneficio, más allá de que sean asistidos por la ley, se producen conflictos con los familiares de las víctimas, que pocas veces son informados por las autoridades sobre la novedad que no sólo les interesa, sino que irrumpe en sus vidas cual bomba.

Y es que después de que se generaran revuelos a partir de salidas excepcionales de homicidas sanjuaninos, como ocurrió allá por el 2022 con Rosa Videla y Miguel Palma -asesinos de Cristina Olivares-, los jueces de Ejecución Penal del Poder Judicial de San Juan se comprometieron con alertar a las familias sobre dichas medidas con mayor anticipación. No obstante, no deja de ser un acto de buena voluntad de los magistrados, impulsados únicamente por cierta obligación moral, dado que la Ley de Víctimas no estaría en vigencia.

Frente a esta realidad, las asociaciones como Familias del Dolor y Familias Unidas por el Dolor del Femicidio han insistido para que su pedido sea atendido y que desde el Estado se les brinde asistencia, representación, protección, verdad, tratamiento justo, reparación, celeridad y todos los demás derechos consagrados en la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

Además de sufrir el golpe de la pérdida de un ser querido en circunstancias terribles, ya sea en un crimen o en un siniestro vial con consecuencias fatales, las familias deben luchar para que se haga justicia y que los responsables paguen por ello. Lamentablemente, no todos cuentan con los recursos para un asesoramiento legal o mucho menos para una contención psicológica.

En medio del dolor, se encuentran con un mundo totalmente desconocido y el proceso judicial resulta desgastante. Es por eso que las entidades compuestas por personas que atravesaron el mismo calvario ofician como una red de contención y una compañía fundamental. Aún así, se trata de organismos externos y extraoficiales.

Un paso clave dieron este año cuando consiguieron que un proyecto de ley de adhesión a la Ley 27.372 se concretara. Tras diversas reuniones con dirigentes, lograron que la diputada Fernanda Paredes hiciera efectivo el pedido en la Cámara de Diputados, que además prevé la creación de un Observatorio de Víctimas de Delitos, que permitiría obtener datos vinculados a los crímenes y sus efectos, lo mismo que su análisis y valoración.

Según pudo saber este diario, la iniciativa que fue presentada tomó estado parlamentario y fue girada al estudio de tres comisiones diferentes. Ahora, su tratamiento y evaluación depende de las autoridades de las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales; Justicia y Seguridad; y Derechos Humanos y Garantías.

Por otra parte y a nivel Ejecutivo, funcionarios del Gobierno de la Provincia han mostrado interés en el tema. A principios de este año, la ministra de Gobierno, Laura Palma, junto a su equipo de trabajo, mantuvo una reunión con el secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, justamente con el fin de generar acciones de contención y seguridad para familiares de víctimas fatales.

Incluso, en dicho encuentro se planteó la posibilidad de impulsar un proyecto de ley para asistir a los familiares de las víctimas de femicidio y siniestros viales, que nuclea las áreas que comprende al Estado e incluir al Ministerio de Familia.

Según trascendió, uno de los objetivos de tal legislación también prevé la contención psicológica y social a las personas que están cerca de las víctimas y que necesitan apoyo del Estado en su duelo. También, se analizó la situación de las pensiones que cobran las familias y concluyeron que hay puntos flexibles de ese apoyo que es insuficiente.

En este sentido, los funcionarios destacaron que la intención es mediar y, por tanto, Palma remarcó la necesidad de que "la solución de un problema de papeles o un asesoramiento legal le llegue al hogar de la víctima". "No podemos pretender que un familiar venga al Centro Cívico a buscar ayuda mientras están haciendo el duelo”, cerró.