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El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y el equipo económico nacional participarán de una nueva audiencia este miércoles. En la última reunión se habían comprometido a presentar documentos sobre el “estado de cumplimiento” del fallo del máximo tribunal.
Nación y Ciudad se encontrarán este miércoles a las 11 en una nueva audiencia convocada por la Corte Suprema, en la que intentarán llegar a un acuerdo para destrabar el conflicto de la coparticipación.
Al igual que en la reunión anterior, el ministro de Economía, Luis Caputo, no estará presente y en su lugar, participarán los funcionarios de su equipo: el secretario de Hacienda, Carlos Guberman; el secretario Legal y Administrativo, José García Hamilton; la subsecretaria de coordinación fiscal provincial, Valeria Sánchez; y el subsecretario Legal, Alejandro Speroni. En tanto, por el lado de la Ciudad estarán Jorge Macri y el Procurador General de la Ciudad, Martín Ocampo.
La pelea entre CABA y Nación se debe al pago del 2,95% de la masa coparticipable que dispuso la Corte Suprema en un fallo aprobado a fines de 2022. Sin embargo, el problema no es de monto, sino de forma. Ese fallo establece que el envío de ese dinero debe realizarse de forma diaria y por “goteo”, es decir, por transferencias directas a una cuenta del Banco Nación. Sin embargo, desde agosto, el Ejecutivo nacional empezó a realizar giros semanales de $20.000 millones cada uno.
Según pudo saber TN, ambas partes mantendrán su posición en el encuentro: la Ciudad sostiene que la Nación sigue incumpliendo la cautelar y ahora el proyecto de Presupuesto 2025 avaló esa postura, ya que le asigna una suma fija independiente, no como coparticipable, sino como discrecional.
“Ahora la discusión es más por un tema jurídico sobre la forma, no tanto financiera. La Corte nos llama para presentar nuestros argumentos y entrar a una etapa final. Debería haber una definición mañana porque esto no da para más. A nosotros esto nos afecta porque no contamos con la plata que nos manda Nación como recurso propio, no podemos proyectar a largo plazo”, apuntaron desde los despachos de Uspallata.
La sorpresa vino con la exposición del Presupuesto 2025 que Javier Milei presentó el domingo: el texto incluyó solo el 1,4% de coparticipación para la Ciudad, el mismo monto al que injustificadamente la había reducido Alberto Fernández, y no el 2,95% establecido por el máximo tribunal. Nación, además, le adeuda a CABA un retroactivo de US$5000 millones.
El proyecto establece que el porcentaje de 1,55% se mantuvo “discrecional” y le puso un monto fijo para todo el año de $1,44 billones, es decir, $120 mil millones por mes. La Nación le viene pagando mensualmente un poco menos de esa suma a CABA.
Sin embargo, el temor de Jorge Macri tiene un doble fundamento: el presupuesto tampoco contempla la previsión de un fallo definitivo de la Corte a favor de la Ciudad como pasivo contingente, ni el pago de la deuda de US$5000 millones.
Los detalles de la pelea de la coparticipación entre Nación y CABA
La puja por la coparticipación empezó en la gestión presidencial de Mauricio Macri, que en 2016, elevó el porcentaje de 1,4% a 3,75% tras el pase de agentes de la Policía Federal a la órbita porteña. Dos años más tarde, el coeficiente bajó a 3,5% tras la firma del Pacto Fiscal. En 2020, Alberto Fernández dictó un decreto para reducir los fondos a 2,32% en medio de reclamos salariales por parte de la Policía Bonaerense.
A fines de 2022, la Corte Suprema de Justicia falló a favor de la Ciudad de Buenos Aires en el conflicto con el gobierno nacional por el recorte de fondos y dispuso que se le pague el 2,95% de la masa coparticipable.
El máximo tribunal determinó que las transferencias debían realizarse en forma diaria y automática por el Banco Nación (BNA), y luego la Ciudad le reclamó a la Justicia el embargo de la cuenta del BNA que preveía el envío de los montos a través de bonos, al considerar que el Gobierno incumplía con la disposición de la Corte.
A fines de noviembre de 2023, previo al cambio del Gobierno, la Corte rechazó los planteos de excusación y recusación realizados por la administración de Alberto Fernández, lo que habilitó al máximo tribunal a ejecutar una sentencia multimillonaria en favor de CABA.
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