Tras la sospecha del Fiscal General en la designación de los tribunales, Penalistas señalan que puede haber planteos de nulidades

Tiempo de San Juan consultó la polémica con el presidente de la Asociación de Abogados Penalistas, quien indicó que si se dan una serie de condicionamientos, los que describió a detalle, lo que sería un pleito administrativo podría transformarse en una "hecatombe judicial".

El Fiscal General, Eduardo Quattropani, le pidió a la Corte de Justicia que investigue la designación de jueces en los tribunales que intervinieron en juicios entre 2021 y 2023 y se encendió la polémica, ya que planteó fuertes sospechas que, en caso de ser comprobadas, podrían abrir la puerta a una catarata de nulidades de los diversos procesos penales en los que violadores y asesinos, por citar ejemplo, fueron juzgados.

A pesar de que fuentes judiciales aseveraron que la solicitud de la Fiscalía no apunta contra los fallos judiciales, las especulaciones periodísticas resultan inevitables, puesto que existen elementos judiciales que hacen pensar en dicho escenario. Es que según lo establece el artículo 222 del Código Procesal Penal, para que se declare la invalidez de un acto procesal, basta con revisar si se cumplió correctamente con el nombramiento, capacidad y constitución del tribunal.

Es por ello que Tiempo de San Juan le consultó al presidente de los Abogados Penalistas, Fernando Castro, quien admitió que, si se cumplen ciertos condicionamientos, podría darse lo que él mismo denominó como "hecatombe judicial".

El quid de la cuestión está centrado a lo que pudiera descubrir la Corte en la auditoría que ordenó. Es que según explicó el especialista en materia penal, en caso de hallar irregularidades en la designación de jueces que atenten contra derechos constitucionales de las partes en los procesos ejecutados, iniciaría un gran conflicto.

"Hay un paso previo, en tal caso. Es determinar cuál es el hecho y qué normas habrían sido violadas por una actitud irregular en la designación de un juez, si se violó el principio del juez natural, de la defensa en juicio o del debido proceso y que se trate de colisiones directas al sistema constitucional", detalló.

En esa línea, siguió: "Determinar si, de alguna manera, esa designación irregular haya repercutido en el resultado de la causa. Si obtenemos que esas cuestiones irregulares han repercutido en el resultado de la causa, perjudicando un interés en concreto, sí estaremos en presencia de una causal de nulidad, es un salto cualitativo muy grande".

Todo eso debería suceder para que el terreno esté preparado para las presentaciones de nulidades por parte de los defensores que pudieran haberse visto afectados. Sin embargo y más allá del razonamiento fundado, Castro consideró -a título personal- que la cosa no tendría tanta trascendencia.

"Yo pongo en duda que pueda darse una catarata de nulidades, sería una hecatombe judicial, no creo que llegue a esa situación; sí se pueden crear cuestiones administrativas, si hay irregularidades que no repercutieron en el derecho de las partes. Puede quedar en la órbita administrativa, es decir, con la sanción a las personas que han cometido una irregularidad, pienso que sólo puede dar el salto al derecho administrativo", indicó.

Además, quien reconoció que ASAP no fue invitada públicamente al debate que posiciona de un lado a la Corte y del otro a la Fiscalía General manifestó que hay una gran cantidad de derechos constitucionales en juego, como el principio de la cosa juzgada y el principio de inocencia.

"De acuerdo a mi intuición y mi primera impresión, es que se plantea en lo administrativo. Está apuntado en ese punto de vista, después veremos", sostuvo y añadió: "Habría que revisar causa por causa, si es que se detecta una irregularidad que repercutió en el resultado de los procesos y cuáles son los derechos violados si aplica o no un sistema de nulidad u otra fase".

Castro, que contextualizó el pedido de Quattropani en el debate sobre la subrogancia de jueces de Garantías (algo que ya fue subsanado con una nueva Acordada) en las audiencias, dijo desconocer cuáles serían las sospechas del jefe de los fiscales. "Entiendo que debe hacer referencia a hechos puntuales que le han creado la necesidad de solicitar una auditoría en ese sentido. Debe estar fundamentado en alguna sospecha del fiscal general, sospecha que ASAP desconoce, ya que no se nos ha participado en nada. Llegado el caso de debate sobre el resultado de la auditoría, sería interesante que fuera puesto en consideración de la asociación para emitir una opinión o conocer la problemática", expresó.

Para garantizar la transparencia en los procesos judiciales, la ley establece que los jueces de los tribunales deben ser designados por sorteo, entre todos los magistrados pertenecientes al Colegio de Jueces y Jueces de Impugnación. Además, una vez elegido el tribunal, también se sortea quién será el presidente del mismo para cada juicio.

Sin embargo, Quattropani sospecha que esa designación no se hizo bajo la norma y que fue la Oficina Judicial Penal dependiente del secretario Administrativo, Javier Vera, quien designó a los jueces según horarios y cuestiones administrativas que nada tienen que ver con lo estipulado por la ley, poniendo en riesgo la transparencia en el servicio de Justicia para los sanjuaninos.