Villarruel criticó la violencia en el Congreso, pero defendió la marcha como un derecho democrático

La vicepresidenta Victoria Villarruel se distanció de la postura del presidente Javier Milei sobre los incidentes ocurridos el miércoles en las cercanías del Congreso. En declaraciones a la prensa, condenó la violencia empleada durante la manifestación, pero también subrayó que la protesta es parte del ejercicio democrático: "Es un derecho de los ciudadanos expresarse", afirmó.

La marcha, organizada por jubilados en reclamo por mejoras en sus haberes, terminó en violentos enfrentamientos con la policía, disturbios y 124 detenidos.

Los incidentes se intensificaron cuando barras bravas de clubes de fútbol y militantes políticos se sumaron a la protesta, generando más caos.

A pesar de la violencia, Villarruel consideró que la manifestación debe interpretarse dentro del marco de la democracia. "Como abogada, creo que la justicia debe intervenir en casos como este", declaró. Además, expresó su solidaridad tanto con los heridos como con los efectivos de las fuerzas federales involucrados en los incidentes, destacando que, al igual que los manifestantes, los policías también enfrentan situaciones de violencia.

Sin embargo, la vicepresidenta dejó en claro que, aunque la protesta es una forma legítima de expresión, la violencia nunca debe ser aceptada como medio para defender una causa. "La violencia no es la herramienta para manifestarse ni para defender ninguna causa", enfatizó.

Sus declaraciones contrastaron con las del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien acusó al kirchnerismo de intentar desestabilizar al gobierno mediante los disturbios, y vinculó a los barrabravas con un intento de golpe de Estado. Según Francos, los disturbios fueron parte de una estrategia organizada con el fin de generar caos político. El gobierno defendió la actuación de la policía y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, alegando que el uso de la fuerza fue necesario para mantener el orden público.

La situación se complicó aún más cuando la jueza Karina Andrade decidió liberar a la mayoría de los detenidos, una medida que fue fuertemente criticada por el gobierno. Francos lamentó que los detenidos por resistirse a la autoridad fueran liberados rápidamente y pidió aplicar la ley con más dureza, advirtiendo que, si se repiten estos incidentes, el gobierno no dudará en "reprimir con más fuerza" a los manifestantes violentos.

El gobierno también anunció que presentará una denuncia ante el Consejo de la Magistratura contra la jueza Andrade por un posible "incumplimiento de funciones".